CIUDAD DE MÉXICO, A 1 DE OCTUBRE DE 2026.— La administración federal y las fuerzas políticas en el Congreso acordaron postergar hasta el año 2030 la aplicación de las restricciones para aspirantes con doble nacionalidad a cargos de elección popular. La decisión se tomó tras la fuerte controversia provocada por el caso de la política Jasmine Bugarín en el estado de Nayarit.
La controversia surgió al cuestionarse la elegibilidad de aspirantes a puestos públicos de primer nivel que cuentan con estatus legal o ciudadanía en otros países. La falta de claridad normativa generó debates jurídicos e impugnaciones internas sobre los requisitos de soberanía y lealtad institucional para el ejercicio de la representación popular.
Ante las presiones del sector parlamentario y el riesgo de frenar postulaciones vigentes, los legisladores determinaron otorgar un periodo de transición normativo de cuatro años. Con esta prórroga, las reglas para restringir o regular la doble nacionalidad en la función pública entrarán en vigor formalmente hasta el proceso electoral federal del 2030.
Líderes de diversas bancadas señalaron que el aplazamiento permitirá redactar un marco regulatorio integral que no vulnere los derechos políticos de los ciudadanos binacionales. No obstante, voces de la oposición criticaron la medida al considerarla un traje a la medida para resolver disputas partidistas coyunturales sin atender el fondo constitucional.
El acuerdo legislativo permitirá que los perfiles involucrados en los actuales procesos internos mantengan sus aspiraciones sin contratiempos legales inmediatos. Las comisiones correspondientes iniciarán mesas de trabajo para elaborar el dictamen definitivo que regirá en el próximo sexenio.
