Chihuahua. 27 de octubre de 2025.
El conflicto entre la autoridad estatal y el Poder Judicial de la Federación ha escalado en Chihuahua, luego de que la Dirección de Transporte del estado continúe aplicando multas y realizando decomisos de vehículos a conductores de Uber. Esta acción se lleva a cabo a pesar de la existencia de un amparo federal que, en teoría, debería proteger a los choferes contra este tipo de actos de autoridad.
La resolución judicial que ampara a los conductores de Uber en Chihuahua protege su derecho a operar el servicio de movilidad mediante plataformas digitales, invalidando cualquier acción punitiva en su contra. Sin embargo, la persistencia de la dependencia estatal en infraccionar a los choferes ha generado una profunda incertidumbre legal y una sensación de desprotección entre la comunidad de operadores.
Los reportes de la plataforma y de las agrupaciones de conductores indican que los decomisos y las multas no han cesado, lo que sugiere un desacato directo a la orden judicial federal. La cifra de vehículos retenidos y las sanciones económicas impuestas afectan directamente el patrimonio de cientos de familias en Chihuahua que dependen de esta actividad para su sustento diario.
La plataforma Uber ha reiterado públicamente la legalidad de sus operaciones y la validez del amparo federal, instando a las autoridades de Chihuahua a respetar el Estado de Derecho. Por su parte, los conductores han exigido la intervención urgente de las autoridades federales y del propio Poder Judicial para hacer valer la protección legal otorgada.
Este choque institucional en Chihuahua no solo afecta la movilidad y los empleos generados por las plataformas digitales, sino que sienta un grave precedente sobre la obediencia de las autoridades locales a las resoluciones del ámbito federal. La resolución final de este conflicto será crucial para definir la seguridad jurídica de las inversiones y el transporte en el estado.
